AMARC-ALC emitió un comunicado, en el cual expresa que el proyecto que modificaba la Ley de Telecomunicaciones establece criterios discriminatorios para el funcionamiento de los medios comunitarios.
Señala además, que esta decisión abre nuevamente la posibilidad de que el Estado paraguayo cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, particularmente el derecho a la libertad de expresión que, para muchos, se materializa a través de los medios comunitarios.
De igual manera, hace un llamado urgente al Congreso para que la revisión de la legislación se ajuste a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
El comunicado -alzado a IP Paraguay- manifiesta que en el artículo 57 se establecían restricciones de potencia para los medios comunitarios; en el 58 la prohibición de transmitir publicidad para dichos medios y en el 100 las sanciones y la facultad del ministerio público para conocer los casos de radiodifusión no autorizada.
Afirma que todas estas disposiciones resultan contrarias a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión por restringir indebidamente a los medios comunitarios y establecer procedimientos y sanciones que resultan desproporcionales.
El Ejecutivo vetó el proyecto que modificaba la Ley de Telecomunicaciones el viernes pasado.
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